El pasado jueves  se celebró  la Mesa Redonda sobre la situación actual de la psiquiatría a raíz de las declaraciones aparecidas en los medios sobre la eficacia de los tratamientos farmacológicos y las posibles manipulaciones de la industria sobre ello. La reunión que contó con una nutrida asistencia permitir ver puntos de vista diferentes sobre este problema no solo clínico sino también social y con implicaciones éticas y legales importantes.

La Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses (Saplycf), en colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales (Asapme), ha organizado  encuentro “¿Sociedad enferma y psiquiatría en crisis?”, que ha tenido lugar en el centro Joaquín Roncal de Zaragoza.

En este foro han participado el catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Zaragoza Antonio Lobo; el catedrático de Farmacología de la Universidad de Alcalá Cecilio Álamo; el psiquiatra infanto-juvenil del Hospital Miguel Servet José María Civeira y la periodista Mª Francisca García Inda, todos ellos moderados por el presidente de la Saplycf, Javier Ramón Jarne.

Para el vicepresidente de la Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses, Dr. José Carlos Fuertes Rocañín, es necesario que todos los sectores implicados en la salud mental, ámbito farmacéutico, médico y pacientes, hagan una autocrítica. Además, ha defendido que “los psicofármacos son útiles, seguros y necesarios; otra cosa es que se prescriban mal o para algo que no sirven”.

Dr. Cecilio Alamo

A este respecto, ha puntualizado que “no hay una psquiatrización de la vida”. Pero también ha insistido en que “hay que dejar claro lo que son enfermedades mentales y lo que son comportamientos anormales, que pueden ser raros pero no tienen por qué tratarse”.

Según Fuertes Rocañín, el debate abierto en la actualidad sobre los diagnósticos y los tratamientos de los trastornos psiquiátricos tiene dos vertientes. En este sentido, ha destacado las acusaciones sobre “intereses económicos y comerciales que hay detrás de muchos diagnósticos por parte de la industria farmacéutica, y que quizá puedan tener cierto sustrato real, pero también hay interés en que no se consuman o que se consuman alternativas más baratas”. Asimismo, también reconoce que se han llegado a lanzar “opiniones carentes del más mínimo rigor, capaces de generar una alarma social injustificada”.

Por otro lado el Presidente de la Sociedad Dr Ramon Jarne, ha apuntado, que se  crea “una sombra de duda general inadmisible sobre los profesionales sanitarios” e, incluso, “hace un daño irreparable a aquellos sujetos enfermos más sensibles y vulnerables, dificultando su adherencia al tratamiento”. Las consecuencias finales, ha subrayado, son “recaídas con el consiguiente problema de sufrimiento personal y familiar y también el incremento del gasto social”.

 

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